El Ministerio de Cultura nació en 2010 con la ilusión de que la cultura dejaría de ser un accesorio del Estado. La Ley N.º 29565 quiso darle rango ministerial, un espacio propio y una voz política dentro del gabinete. Su creación se presentó como un avance institucional destinado a articular identidad, educación, patrimonio y diversidad cultural. Sin embargo, quince años después, esa promesa inicial se ha diluido. Lo que debía ser una entidad rectora se convirtió en un ministerio de trámite, sin fuerza técnica ni continuidad política. La fragilidad no es solo consecuencia de los gobiernos inestables, sino de un diseño que nunca comprendió la naturaleza de aquello que debía proteger.
Desde 2010, veinticinco personas han ocupado la cartera. La lista parece un inventario de profesiones dispares antes que una política de Estado: abogados, músicos, arqueólogos, diplomáticos, activistas, un especialista en turismo, una dentista y, desde octubre de 2025, un ingeniero civil. El problema no está en la diversidad profesional, sino en la falta de idoneidad técnica. La cultura se ha tratado como espacio de compensación política, un ministerio de paso que sirve para equilibrar gabinetes o retribuir lealtades. Muy pocos ministros han tenido vínculo real con el patrimonio o la gestión cultural, y casi ninguno ha entendido la profundidad de su encargo. Reducen la cultura a festivales, ferias, mesas redondas o discursos simbólicos, como si el ministerio fuera una productora de eventos y no una institución de Estado.
Desde su creación en 2010, el Ministerio de Cultura ha tenido veinticinco titulares en el cargo.
Esa comprensión limitada ha convertido la gestión cultural en una tarea administrativa porque la cultura no se reduce a lo artístico ni a lo visible. El patrimonio arqueológico inmueble forma parte del territorio y está ligado al mismo proceso de desarrollo: aparece en las carreteras, en las minas, en los tendidos eléctricos, en los sistemas de agua y saneamiento. Todo lo que se construye en el país se asienta sobre un suelo que conserva restos materiales del pasado, una condición que debería bastar para entender que la arqueología no pertenece al ámbito decorativo de la cultura sino al campo técnico de la planificación y la ingeniería, aunque el Estado no lo asuma así y las decisiones que comprometen ese patrimonio se tomen sin criterios científicos, condicionadas por plazos, intereses o presiones. Esta desconexión técnica explica también la ausencia de investigación real y de una política cultural sostenida.
La política cultural de los últimos gobiernos ha roto el vínculo entre cultura e investigación aunque en el discurso se repita que la cultura es identidad. En la práctica el Estado ha dejado de promover el conocimiento del pasado. La arqueología, la historia y la antropología, que deberían sostener esa tarea, permanecen relegadas, sin presupuesto ni dirección, y la investigación sobrevive por esfuerzo personal o por apoyo externo porque no existe un interés nacional por generar conocimiento propio. Tampoco hay un sistema que asegure continuidad ni programas que integren los resultados a la educación pública o a las comunidades donde se trabaja, de modo que la mayoría de los proyectos termina en informes archivados que no se traducen en aprendizaje colectivo. La cultura se mantiene como discurso y no como conocimiento, se administra como trámite y se muestra como espectáculo, lo que explica por qué el país continúa repitiendo su historia sin entenderla.
El Ministerio de Cultura se mantiene por continuidad administrativa y no por visión institucional. No tiene peso en la política nacional, carece de influencia en la educación, en la planificación urbana y en la gestión de la infraestructura pública. La transversalidad que se le asignó en su ley de creación nunca se aplicó. En la práctica, el ministerio no dirige: acompaña mediante procedimientos administrativos arqueológicos y apenas participa en las consultas previas, mientras los sectores con poder efectivo —Vivienda, Transportes, Energía, Ambiente— deciden sobre el territorio sin coordinar con él. Cuando la cultura debería ser un eje de planificación se la reduce a la formalidad de una autorización, y el Estado termina convirtiéndola en un trámite más sin advertir que ahí se define parte de su legitimidad frente a la sociedad.
Desde el campo del patrimonio arqueológico, el contraste dentro del propio ministerio es evidente. Mientras las direcciones encargadas de la protección e investigación arqueológica carecen de continuidad, hay organismos que sí sostienen su funcionamiento gracias a un diseño institucional distinto. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y la Biblioteca Nacional del Perú operan como organismos públicos ejecutores con autonomía técnica, administrativa y económica, y en ambos casos la gestión se apoya en estructuras sólidas con mandatos definidos, presupuestos estables y políticas que trascienden los cambios de gobierno. Este modelo demuestra que la eficacia y la continuidad dependen menos del tamaño del ministerio que de la autonomía técnica con que se ejerce la función pública, y si el patrimonio arqueológico e histórico inmueble contara con una estructura semejante el Estado podría ejercer una verdadera rectoría con decisiones sostenidas en el tiempo y con autoridad profesional.
La solución no pasa por más presupuesto ni buena voluntad sino por un rediseño estructural del sector. El patrimonio arqueológico e histórico inmueble necesita una autoridad técnica con autonomía real, capaz de planificar, fiscalizar y sancionar sin depender del ciclo político. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo permite crear organismos técnicos especializados cuando la materia lo requiere, y el patrimonio cumple esa condición. Una Superintendencia del Patrimonio Arqueológico e Histórico Inmueble adscrita al sector Cultura pero con personería jurídica y presupuesto propio permitiría sostener una política científica y territorial a largo plazo; no se trata de dividir la cultura sino de protegerla del cortoplacismo, mientras el ministerio podría concentrarse en la planificación cultural, la diplomacia, las artes y la educación y la superintendencia garantizaría continuidad técnica y rigor. La falta de comprensión sobre el valor del patrimonio ha hecho que la cultura se mire como un escenario, cuando en realidad es una base de conocimiento; mientras esa idea no cambie, cada nuevo ministro seguirá administrando los restos de una institución que no entiende el país que representa.
Suerte al número veinticinco.