El Diagnóstico Arqueológico de Superficie (DAS), creado por el Decreto Legislativo N.° 1680 e incorporado al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas mediante el Decreto Supremo N.° 004-2025-MC, fue presentado por el Ministerio de Cultura como un procedimiento simplificado destinado a reemplazar a los CIRAS en superficie. En la práctica, el DAS se ha convertido en un trámite que otorga un número de registro y habilita al arqueólogo a presentar un informe. Con solo una comunicación y la entrega de dicho informe, esa formalidad basta para que un proyecto pueda iniciar el camino hacia un PMAR.
El punto sensible aparece cuando el DAS empieza a ser tratado con el mismo peso que un CIRA, sin que exista un catastro público, sin trazabilidad en el S.I.G.D.A. (Sistema de Información Geográfica de Arqueología: https://sigda.cultura.gob.pe/) visible y utilizable a la fecha, y sin un sistema de fiscalización que asegure la veracidad de lo declarado. En el taller dictado el 10 de septiembre de 2025 en las instalaciones del Ministerio de Cultura, el director de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, Gilberto Martín Córdova Herrera, informó que ya existen cerca de 70 DAS emitidos, los cuales hoy no se encuentran en una plataforma pública ni cuentan con constancia verificable o conformidad ministerial previa.
Taller del D.A.S. Realizado el 10 de Setiembre del 2025.
El problema no termina allí. El DAS es un documento privado, elaborado por un arqueólogo habilitado, pero sin validación expresa del Ministerio de Cultura. Esto abre un escenario complejo: otras entidades públicas, como la OEFA, la Fiscalía o la Contraloría, podrían observar su veracidad y, de encontrar inconsistencias, omisiones o falsedades, es posible que ello derive en multas, sanciones o procesos. En ese contexto, no solo el arqueólogo queda expuesto, sino también quienes lo contratan y quienes ejecutan las obras amparadas en su informe. Lejos de ser un procedimiento inofensivo, el DAS puede convertirse en un punto de vulnerabilidad legal y administrativa para todos los involucrados en el proyecto.
En paralelo, mediante la Carta N.° 000246-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura nos cursó invitación para participar en una reunión sobre el Registro Arqueológico Inicial de Superficie (RAIS), luego de haber tomado conocimiento de la propuesta difundida en culturapublica.org y compartida en redes sociales. En atención a dicha invitación, el 2 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la reunión presencial en las oficinas de la citada Dirección. En esa ocasión presentamos la propuesta técnica del RAIS, sustentando su carácter declarativo y complementario, así como los beneficios esperados para el Estado, los arqueólogos y la sociedad: generar un catastro más completo, prevenir impactos al patrimonio antes de la ejecución de proyectos de inversión, transparentar la información mediante una plataforma pública vinculada al SIGDA y reconocer el trabajo profesional de los arqueólogos mediante un canal oficial de registro.
Invitación de la Dirección de Catastro y Saneamiento Fisico Legal para exponer la propuesta RAIS.
Tras nuestra exposición, varios trabajadores del Ministerio expresaron su interés en la propuesta, resaltando que resulta necesario volver a retomar el rumbo de este tipo de iniciativas. Otros, en particular de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, señalaron que ya existe un registro interno alimentado por las Direcciones Desconcentradas de Cultura, aunque este no es público; que lo planteado en el RAIS “ya se hace”, pese a no estar estipulado en norma alguna; y que una alternativa de este tipo podría impulsarse desde el ámbito privado, dado que la institución no cuenta con la capacidad para incorporar todos los sitios al SIGDA. Reconocieron también la sobrecarga que enfrenta el Ministerio y expresaron su agradecimiento por la iniciativa presentada desde el sector privado en favor de la gestión arqueológica. Finalmente, nos invitaron a enviarles la información de los sitios que tengamos registrados, con el fin de fortalecer su base de datos interna.
Exposición de la Propuesta RAIS realizada en el Ministerio de Cultura el 02 de Setiembre del 2025.
Diferencias entre el Diagnóstico de Superficie y el Registro Inicial de Superficie: DAS vs RAIS.
El contraste entre lo planteado y lo expuesto por el Ministerio es evidente. El DAS hoy funciona como una facilidad administrativa: otorga rapidez y permite a los proyectos avanzar con un documento que descansa en la buena fe del arqueólogo. El RAIS, en cambio, se presentó como un mecanismo de predictibilidad, pensado para hacer visible y utilizable la información arqueológica en superficie antes de que los proyectos impacten en el territorio.
La diferencia de enfoques muestra un sesgo reduccionista en la función arqueológica. La institución ha priorizado el rol de facilitador de proyectos, donde el arqueólogo se limita a validar la continuidad de obras. Frente a ello, el RAIS se formuló como una alternativa inicial de gestión, capaz de equilibrar la agilidad administrativa con la producción de conocimiento y la construcción de identidad, dimensiones que hoy se ven relegadas.
El punto crítico es que este viraje recién comienza. El DAS, en sus primeros meses de aplicación, ha mostrado cifras reducidas y un diseño que privilegia la rapidez sobre la transparencia. No se trata de desconocer que los proyectos arqueológicos forman parte de nuestra práctica profesional, sino de advertir que, si la disciplina queda atada únicamente a ese circuito, corre el riesgo de limitarse a habilitar obras en lugar de sostener también la producción de conocimiento y la construcción de identidad.
El RAIS se planteó como una alternativa concreta para anticiparse a esa deriva: un canal mínimo pero estratégico que permita que el registro en superficie no dependa únicamente de proyectos de inversión ni de investigaciones formales, sino que pueda alimentar un sistema público y verificable. La propuesta es sencilla: fichas digitales estandarizadas, con información mínima pero verificable, integradas al SIGDA y accesibles a la ciudadanía. De tomarse en serio, podría generar una capa de alerta temprana útil tanto para la planificación estatal como para la fiscalización social, además de reconocer la labor del arqueólogo como generador de conocimiento y no solo como validador administrativo. La decisión está en manos de la institución encargada de proteger el patrimonio arqueológico: asumir el reto de abrir un registro público o mantener la lógica del trámite cerrado.