Los trabajos arqueológicos de PROLIMA, plantearon la investigación en 8 sectores, siendo los sectores Alameda Chabuca Granda 1 y 2 los que se encuentran en inmediata proximidad al Palacio de Gobierno. (Imagen tomada de Cosas.pe)
Si la Muralla de Lima vuelve a ser enterrada, no será por el paso del tiempo, ni por un desastre natural, ni por un terremoto. Será por decisión del propio Estado, que primero autorizó su excavación y ahora ordena cubrirla en nombre de la seguridad nacional. La Resolución Directoral N.° 000320-2025-DGPA-VMPCIC/MC, emitida el 8 de septiembre de 2025, pone en evidencia que se invirtieron recursos públicos para abrir lo que ahora se obliga a tapar. El proceso no es resultado de fatalidad, sino de decisiones administrativas contradictorias que revelan deficiencias graves tanto en el Ministerio de Cultura como en la Municipalidad de Lima, a través de PROLIMA.
El proyecto arqueológico fue autorizado en 2023 mediante resolución directoral y ampliado en 2024 bajo el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado en 2022. Se trataba de un plan de ocho sectores distribuidos en el Centro Histórico, entre los que figuraban dos en la Alameda Chabuca Granda, inmediatos al Palacio de Gobierno. La autorización permitió iniciar excavaciones, destinar partidas, movilizar equipos y abrir unidades de investigación en zonas de altísimo valor histórico pero también de máxima sensibilidad política y operativa. Pese a esa ubicación, el Ministerio aprobó las resoluciones sin exclusiones ni condicionamientos especiales y PROLIMA incluyó esos sectores en el paquete como si fueran equivalentes a cualquier otro.
En 2025 la misma Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble que dio luz verde decide anular de manera parcial el proyecto y ordena el cierre inmediato de Chabuca Granda 1 y 2. El sustento fue un informe de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno, reforzado por la PNP, que concluyó que las excavaciones afectan directamente el perímetro de 500 metros de seguridad, comprometen planes operativos de resguardo como Kallpa 2023 y Qhapax Wasi 2023, interfieren en la movilidad de comitivas oficiales y generan vulnerabilidades críticas para la protección de la sede presidencial. Con esa base, el Ministerio invoca el artículo 166 de la Constitución, la Ley de la PNP y su reglamento, además de la Ley del Procedimiento Administrativo General, para sostener que las autorizaciones de 2023 y 2024 incurrieron en causal de nulidad de pleno derecho.
La presión por parte de Palacio de Gobierno al Ministerio de Cultura para la intervención y paralización del proyecto en los sectores de inmediata colindancia ya que afectan la seguridad integral de la Presidente.
El propio acto administrativo reconoce que la DGPA no tiene competencia para evaluar riesgos de seguridad, lo que implica que nunca debió autorizar esos sectores sin contar antes con la opinión técnica vinculante de las instancias competentes. Ese reconocimiento es, de hecho, una admisión implícita de error: se autorizó lo que no podía evaluarse adecuadamente. Además, el procedimiento fue tramitado con descuido, porque la notificación de inicio de la nulidad se emitió sin adjuntar el informe de seguridad que fundamentaba la medida, privando a PROLIMA de información esencial para su defensa. Solo después se envió el documento, lo que evidencia la precariedad administrativa de un procedimiento que debía ser impecable.
El Ministerio tampoco calculó las consecuencias logísticas ni presupuestales de su decisión. Ordenó ejecutar el cierre en apenas quince días hábiles, imponiendo un protocolo que exige recubrir las unidades con telas notex y espuma, colocar triplay con preservante, levantar muros de adobe, rellenar con tierra seleccionada y cercar los sectores. Técnicamente esas medidas son correctas, pero el plazo impuesto es inviable y su cumplimiento supone un gasto considerable. La resolución no contempla financiamiento ni establece quién asumirá esos costos. El Ministerio traslada toda la carga a la Municipalidad, a pesar de ser él quien aprobó inicialmente los trabajos y después dispuso su anulación.
PROLIMA, por su parte, diseñó un proyecto que nunca jerarquizó ni discriminó entre sectores viables y sectores problemáticos. Colocó los de Chabuca Granda en el mismo nivel que cualquier otro, cuando la proximidad a Palacio hacía evidente la posibilidad de un conflicto. Durante 2024 y 2025 incluso se levantaron actas de inspección que permitieron ampliar unidades en esa zona, confirmando que la Municipalidad continuó apostando recursos en un frente cuya viabilidad era cuestionable. Cuando llegó el procedimiento de nulidad, sus descargos se limitaron a señalar que las excavaciones estaban fuera de los linderos de Palacio y que no se afectaban accesos, argumentos débiles que no enfrentaron el núcleo del problema: el riesgo percibido por los órganos de seguridad. Esa defensa formalista solo evidencia que no se había previsto un escenario de oposición y que se siguió gastando bajo la premisa de que cumplir con el reglamento era suficiente para neutralizar un riesgo político.
El impacto económico es el punto más grave. Abrir unidades arqueológicas en pleno centro histórico no es barato: implica sueldos de arqueólogos, mano de obra, materiales de protección, transporte y acopio de tierra, cercos de seguridad y registro documental. Todo eso representa millones de soles de presupuesto municipal y nacional ya ejecutados. Ahora el cierre exigido en 15 días demandará más recursos, posiblemente con sobrecostos por la urgencia y la complejidad técnica. El balance es negativo: se pagó para abrir y se volverá a pagar para tapar, sin que la ciudadanía obtenga beneficio alguno, porque los hallazgos no quedarán expuestos ni integrados al espacio urbano. Se enterrará patrimonio y con él se enterrará dinero público.
La responsabilidad es compartida. El Ministerio de Cultura actuó con falta de previsión, improvisación administrativa y ausencia de liderazgo, autorizando lo que no debía, iniciando un procedimiento viciado y trasladando luego la carga al municipio. PROLIMA actuó con ligereza y falta de estrategia, incluyendo en su proyecto sectores de altísima sensibilidad sin prever el rechazo y defendiendo su posición con argumentos formales pero irrelevantes. Ambos fallaron, ambos permitieron que se ejecuten gastos que ahora se pierden, y ninguno ofrece respuestas claras sobre cuánto costó lo que se excavó ni cuánto costará taparlo.
La muralla será enterrada por segunda vez no porque el tiempo lo imponga, sino porque la improvisación y la negligencia lo deciden. No se trata solo de un muro antiguo: se trata de la incapacidad de dos instituciones que, lejos de coordinarse para proteger el patrimonio, lo convirtieron en víctima de sus errores. La transparencia también queda enterrada, porque la resolución no menciona cifras ni responsabilidades concretas. El caso muestra de manera descarnada cómo se gestiona el patrimonio en el país: se abre con presupuesto, se anula con argumentos coyunturales y se tapará con más presupuesto, sin rendición de cuentas.
Puedes descargar la Resolución de Nulidad Parcial de la Resolución Directoral N° 000408-2023-DCIA/MC