El Diagnóstico Arqueológico de Superficie (DAS), incorporado al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas mediante el Decreto Supremo N.º 004-2025-MC y creado por el Decreto Legislativo N.º 1680, ha sido presentado por el Ministerio de Cultura como una medida de simplificación administrativa y de facilitación para la inversión pública y privada. En el discurso oficial, el DAS se promueve como una alternativa moderna al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRA), supuestamente más accesible y rápida. Sin embargo, a casi ocho meses de su implementación, los datos y el análisis de su funcionamiento real muestran que no ha alcanzado los resultados prometidos y que su aporte a la gestión del patrimonio es cuestionable.
Hasta el 4 de agosto de 2025, el Ministerio de Cultura ha registrado solo 48 DAS en todo el país, según el Informe N.º 000270-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-CPL/MC. Este informe fue obtenido mediante una solicitud de acceso a la información pública presentada por mi persona específicamente para el primer semestre del año 2025, en el marco de una investigación sobre la implementación de este procedimiento. La cifra representa menos del 2% alrededor de 3000 arqueólogos colegiados, aunque un mismo profesional puede tramitar más de un DAS, ya que no existe un límite por arqueólogo.
Informe N° 000270-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-CPL/MC
Vista de Número de Comunicación de ejecución de D.A.S.
El cuadro remitido por el Ministerio detalla que Áncash concentra 12 de los 48 DAS registrados, seguido por Lima con 8, Arequipa con 6, La Libertad con 5 y Piura con 4. Regiones como Cusco, Ica y Lambayeque registran entre 2 y 3 cada una, mientras que Amazonas, Puno, San Martín y otras no superan un solo registro. Varias regiones del país no reportan ningún DAS en el periodo consultado. Esta distribución territorial refleja no solo la falta de una estrategia nacional de implementación, sino también las desigualdades en la gestión administrativa de las Direcciones Desconcentradas de Cultura. En el caso de Áncash, el alto número se da en un contexto donde el Colegio de Arqueólogos del Perú ha denunciado públicamente (Oficio N.º 155-2025-COARPE/CDN) graves falencias administrativas, incluyendo demoras injustificadas, suplantación de identidad de directores de proyectos e incluso falsificación de firmas.
Pronunciamiento del Colegio de Arqueólogos del Perú (COARPE) difundido en Facebook por un colega arqueólogo, 6 de agosto de 2025 (captura personal).
Más que un problema técnico, la falta de acceso público a la información del DAS es una limitación estructural: al ser un documento privado, elaborado por un arqueólogo habilitado, comunicado al MC sin autorización previa y registrado en una plataforma cerrada, no permite que la ciudadanía, investigadores o autoridades locales verifiquen qué áreas han sido evaluadas. Esta opacidad impide el uso de la información para la gestión territorial, debilita la fiscalización social y reduce su valor como instrumento de conocimiento. En la práctica, el DAS ha servido más como un atajo para acelerar proyectos que como una herramienta para fortalecer la protección del patrimonio.
Si bien el DAS se creó para flexibilizar trámites en beneficio de terceros, la misma lógica podría aprovecharse para establecer un procedimiento alternativo enfocado en registrar sitios y evidencias arqueológicas. En este sentido, sería pertinente implementar un Registro Arqueológico Inicial de Superficie (RAIS), que no sustituya al PIA ni al CIRA, sino que funcione como un mecanismo paralelo para documentar, georreferenciar y proteger de forma temprana hallazgos arqueológicos. Este registro, integrado a una plataforma pública y vinculada al SIGDA, permitiría a la ciudadanía, investigadores y autoridades conocer las zonas evaluadas y las evidencias detectadas, fortaleciendo la transparencia y la gestión preventiva.
Los beneficios para el patrimonio serían claros: mayor cobertura de registro, alerta temprana para proteger sitios vulnerables y generación de un acervo digital actualizado. Para los arqueólogos, el RAIS podría implicar incentivos como reconocimiento profesional, facilidades en futuros trámites, integración a bases de datos nacionales y consideración como antecedente técnico en evaluaciones y proyectos. La clave estaría en que el Estado establezca incentivos reales que motiven la participación, ya que el registro implica tiempo, recursos y compromiso profesional.
Con una plataforma abierta, incentivos bien definidos y un diseño técnico robusto, el RAIS podría convertirse en un instrumento complementario que, a diferencia del DAS actual, sirva no solo a la inversión privada, sino también a la conservación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico del país.